“Me quiero ir con mis hijos y mi abuela”, dijo Marina Abigail Silva cuando fue encontrada por sus compañeros de la fuerza en la orilla del dique Cruz de Piedra, horas después de haber asesinado a Bautista Funes y Sofía Ojeda Silva, sus hijos menores de edad. Había dejado dos cartas de despedida, carteles de advertencia en las puertas de su casa y un mensaje a sus hermanos: “Perdónenme por lo que hice”. La escena, reconstruida durante el juicio oral, fue el punto de partida de una investigación que culminó ayer con una condena a prisión perpetua.
El fallo fue dictado por un Tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis, que la consideró autora penalmente responsable de dos hechos de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía. La sentencia se emitió tras la audiencia de cesura de juicio, en la que se analizaron las circunstancias personales, sociales y jurídicas del caso. El Tribunal estuvo integrado por Adriana Lucero Alfonso, como presidenta, y por Ariel Parrillis y Eugenia Zabala Chacur, como vocales. En representación del Ministerio Público Fiscal actuó Virginia Palacios, fiscal de Juicio N° 1. La querella fue ejercida por el abogado Esteban Bustos, mientras que la defensa estuvo a cargo de Agustina Tobares, defensora adjunta de la Defensoría de Juicio N° 2.
Durante los alegatos finales, la Fiscalía sostuvo que Silva planificó el crimen y lo ejecutó durante la madrugada, en un momento en que las víctimas se encontraban en estado de indefensión. Según se expuso en el debate oral, la secuencia de los hechos fue acreditada mediante pericias balísticas, médico-forenses y elementos caligráficos. La fiscal solicitó que se aplicara la pena de prisión perpetua, prevista por el tipo penal imputado.
En relación con los planteos de la defensa sobre violencia de género, la fiscal Palacios indicó que ese análisis debe realizarse con responsabilidad y sobre la base de evidencia concreta. Afirmó que no se acreditó un vínculo entre eventuales situaciones de violencia y la decisión homicida, y remarcó que la perspectiva de género no puede ser entendida como una eximente automática de responsabilidad penal, sino como una herramienta para evitar estereotipos y ponderar vulnerabilidades comprobadas.
La querella acompañó la postura del Ministerio Público Fiscal y sostuvo que el debate demostró la alevosía y la plena conciencia de la imputada. También pidió una sanción acorde a la gravedad del hecho.
Por su parte, la defensa solicitó que se valorara la historia vital de Silva desde una perspectiva de género, considerando su contexto personal, familiar y económico. Mencionó episodios de violencia en relaciones previas y una situación de endeudamiento que, según su planteo, habrían afectado su estabilidad emocional. También cuestionó la aplicación simultánea de los agravantes de alevosía y uso de arma de fuego.
Durante la audiencia final, la Fiscalía mantuvo el pedido de prisión perpetua y argumentó que la figura penal aplicada prevé expresamente esa sanción. Sostuvo que las objeciones sobre la constitucionalidad de la pena deben analizarse en la etapa de ejecución y recordó que los tratados internacionales contemplan mecanismos de revisión que la vuelven compatibles con el sistema de derechos humanos.
La defensa reiteró la necesidad de que se valoraran las condiciones personales de la imputada. Planteó que, sin cuestionar la pena perpetua en sí, debería garantizarse el acceso a los beneficios de progresividad previstos por la ley o, de manera subsidiaria, fijarse un plazo concreto para su revisión conforme los estándares internacionales.
El doble homicidio ocurrió entre las 5:30 y las 6:30 de la mañana del 1° de octubre de 2024, en una vivienda del barrio Los Fresnos, en la ciudad de Juana Koslay. Los niños dormían en una cama matrimonial cuando recibieron dos disparos cada uno: uno en el pecho, a la altura del corazón, y otro en la cabeza, a escasos centímetros de la oreja. Las autopsias determinaron que ambos murieron de forma inmediata.
Luego de cometer el crimen, Silva dejó una carta en la que mencionaba sus deudas, pidió perdón a su familia y afirmó que no quería que sus hijos “fueran una carga”. También colocó dos carteles de advertencia: en la puerta principal escribió “Llamá a la Policía, no entres”, y en la trasera, “no entres”, ambos firmados de su puño y letra.
Tras el hecho, la mujer se comunicó con familiares para informar lo que había hecho y se dio a la fuga. Fue hallada horas más tarde por sus compañeros de la fuerza en la orilla del dique Cruz de Piedra. En ese momento fue contenida por efectivos policiales y trasladada a Tribunales.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal de Género María del Valle Durán, quien se presentó en el lugar junto al jefe de la Policía de la Provincia de San Luis, Pablo Vieytes. En el parte policial se detalló que Silva dejó dos cartas que serían objeto de peritajes para determinar si aportan información relevante sobre los motivos del crimen.
El padre de la imputada dio a conocer ante la prensa un mensaje que Silva envió a sus hermanos tras el crimen: “Perdónenme hermanos por lo que hice”. También manifestó públicamente que no desea tener contacto con su hija. “No quiero hablar con ella, ya le dije al jefe de Policía que no quiero saber nada, no quiero que me la pongan enfrente”, había declarado horas después del crimen.
Según el testimonio del padre, Silva tenía “deudas con todo el mundo” y atravesaba una situación económica muy difícil. “Tiene un problema económico muy grande, de eso no hay duda. Hablamos con ella, le decíamos ‘Marina, ponete las pilas’, pero no sabíamos la magnitud de lo que estaba pasando”, había dicho. Los investigadores señalaron que Silva no estaba bajo tratamiento médico ni contaba con ausentismo en la Policía por algún tipo de problema de salud.
El Tribunal consideró que actuó con alevosía y plena conciencia; la defensa había pedido que se la juzgue con perspectiva de género